La Universidad de Salamanca

En el año 1218 el rey Alfonso IX de León funda la Universidad de Salamanca, que es considerada como la más antigua de las universidades hispanas existentes. Entre la legislación fundacional de la Universidad salmantina destacan la carta otorgada por el rey Alfonso X, con fecha de 8 de mayo de 1254, por la que se establecen las normativas de organización y dotaciones financieras; y las bulas pontificas de Alejandro IV, expedidas en el año 1255, por las que se confirma la fundación universitaria, se reconoce la validez universal de los grados por ella otorgados y se le concede el privilegio de tener sello propio.
La Universidad de Salamanca se incorporaría, en el tránsito de los siglos XV y XVI a las nuevas corrientes humanistas, de las que el magisterio de Nebrija es un buen ejemplo. Además, abundaron los manuscritos científicos en algunos colegios, como el Mayor de San Bartolomé, vinculados a las cátedras de Filosofía Natural, Matemáticas y Astronomía. Por los años centrales del siglo XVI, la confluencia del Derecho, la Teología tomista, las nuevas lógicas y las lenguas clásicas cristalizan en la llamada “Escuela de Salamanca”, significada en la figura de Francisco de Vitoria. Entre sus aportaciones destaca la reflexión práctica sobre ciertos problemas derivados de la expansión europea y colonización y transculturación americana: naturaleza del poder y de la justicia, derechos de la persona y del Estado, comunidad internacional y derecho de gentes, conflictos internacionales y guerra justa. A los cauces oficiales predominantes de transmisión de conocimientos, en las distintas materias, se añaden otras interpretaciones del saber y el magisterio, como el pensamiento teológico y filológico de Fray Luis de León, que otorgan complejidad y riqueza cultural a la Salamanca del Quinientos.
Las reformas liberales del siglo XIX marcarán un antes y un después en la evolución histórica de la Universidad de Salamanca. La ley de instrucción pública del año 1857 (Ley Moyano) encuadró definitivamente a la Universidad salmantina y la enseñanza general del país dentro del nuevo régimen liberal y centralista, después de un largo proceso de casi 50 años de proyectos y reformas (como el Plan Pidal de 1845). Tras la Ley Moyano, la Universidad de Salamanca quedó reducida a las facultades de Derecho, Teología (suprimida definitivamente en 1868) y Filosofía y Letras. El papel hegemónico tradicional de la Universidad de Salamanca, como el de las otras “mayores” (Valladolid y Alcalá) pasó a Madrid, distrito central predominante. Las enseñanzas de Medicina y Ciencias serían financiadas, como facultades libres, desde el año 1869 por la Diputación y el Ayuntamiento de Salamanca, hasta el año 1904, en el que, durante el rectorado de Miguel de Unamuno, se consigue su financiación estatal.
La aprobación y publicación en el año 1983 de la Ley Orgánica de Reforma Universitaria, L.R.U., ponía punto final a los restos del modelo liberal decimonónico y daba comienzo a una nueva etapa de amplia autonomía universitaria y transformaciones vertiginosas en todos los ámbitos. En este contexto, son aprobados los Estatutos de la Universidad de Salamanca por real decreto de 29 de mayo de 1985 (B.O.E. de 27 de julio), con ciertas reformas del año 1988. Por último, en aplicación de la Ley Orgánica de Universidades, de diciembre de 2001, son aprobados, el 30 de enero de 2003, nuevos estatutos de la Universidad de Salamanca por el Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León (B.O.C. y L. de 3 de febrero de 2003).
En relación con la población estudiantil se producen incrementos notables: a mediados de los años ochenta se superan los 20.000 alumnos, y vuelven a superarse los 30.000 a mediados de los noventa. Como consecuencia de la mayor afluencia estudiantil se realiza una considerable inversión en nuevos espacios y edificios académicos: el ejemplo manifiesto lo constituye el nuevo “Campus Miguel de Unamuno”, desarrollado desde fines de los años ochenta y en paralelo al ámbito tradicional de los entornos del ámbito de Escuelas. Por último, en el año 1995 culminan los acuerdos para la transferencia de competencias, desde el Ministerio de Educación y Ciencia a la Junta de Castilla y León, sobre las cuatro universidades públicas (Salamanca, Valladolid, Burgos y León), correspondiendo a la Comunidad asumir una variedad de funciones gestoras respecto a la Universidad.